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Por Carolina Leiva Ilabaca, Coordinadora Comité Técnico.

 

Durante estos días festivos se levanta fuertemente la bandera de la protección de los animales, ello precísamente porque los animales no humanos son grandes protagonistas en los festejos del momento. Algunos espectáculos circenses, las entregas de “premios” consistentes en animales vivos de diversas especies, las carreras a la chilena (caballos), las carreras de perros (galgos), el chancho encebado, y por supuesto, el Rodeo, constituyen algunas de las actividades cuya ocurrencia se acrecienta en estos días.

 

No entraremos aquí en consideraciones respecto a sus respectivas calidades de “tradición” y todo lo que ello conlleva, dejaremos eso para más adelante, pero sí se hace necesario realizar ciertas precisiones respecto a la posible persecusión penal relativa a situaciones de maltrato animal que se adviertan en dichas actividades.

 

Existen en estas actividades (que no denominaré “deportes”, en un acto de desobediencia normativa literal pero de estricto apego lingüístico) situaciones concretas, comprobables y documentables de maltrato animal. ¿Podemos hacer algo al respecto?.

 

Pues bien, nuestro sistema jurídico consta de dos preceptos legales para hacer frente a la persecución penal del maltrato animal. Estas se encuentran en Ley de Protección Animal (Nº 20.380), y en el Artículo 291 bis del Código Penal.

 

La Ley de Protección Animal, promulgada el año 2009, tiene como fin “establecer normas destinadas a conocer, proteger y respetar a los animales, como seres vivos y parte de la naturaleza, con el fin de darles un trato adecuado y evitarles sufrimientos innecesarios”, según reza su artículo 1º. Esta Ley, entre otros tópicos, elevó levemente las sanciones frente a casos de maltrato animal, ya contemplado en el artículo 291 bis del Código Penal desde el año 1989, y establece en su artículo 12 una prerrogativa importantísima y muy útil para el Juez que conoce de una caso de maltrato animal: el magistrado, una vez conocidos todos los antecedentes de la denuncia, puede decretar las siguientes medidas: “ordenar el retiro de los animales en situaciones de maltrato para ser colocados a cargo de una persona jurídica o natural que se haga cargo de su cuidado y protección cuyos gastos van a costa del imputado, y ordenar el tratamiento veterinario de los animales a costa del imputado”.

 

Por otra parte, está el artículo 291 bis del Código Penal Chileno, piedra angular de la protección de los animales en nuestro ordenamiento jurídico. Esta disposición fue introducida por la Ley 18.859 (del año 1989), reemplazando el numerando 35 del artículo 496 del Código Penal que sancionaba el maltrato animal sólo como una falta. El actual artículo 291 bis sanciona el maltrato animal con la pena de presidio menor en su grado mínimo a medio y multa de dos a treinta Unidades Tributarias Mensuales, o sólo esta última. La normativa legal permite que el juez pueda optar por aplicar solamente la sanción pecuniaria, cuestión que lamentablemente sucede en la mayoría de los casos.

 

Ahora bien. Mucho se ha discutido respecto a si las normas señaladas pueden o no aplicarse al Rodeo. La incerteza existente viene dada por el artículo 16 de la Ley 20.380, que indica que “Las normas de esta ley no se aplicarán a los deportes en que participen animales, tales como el rodeo, las corridas de vaca, el movimiento a la rienda y los deportes ecuestres, los que se regirán por sus respectivos reglamentos”.

 

Pues bien, toda norma debe ser interpretada de la forma en que ella producza efectos, de conformidad a las mismas reglas que establece el derecho y de manera armónica en relación al resto del ordemaniento jurídico imperante. De esta forma, es importantísimo tener presente que el artículo 16 citado no implica en caso alguno que no pueda denunciarse y perseguirse penalmente el maltrato que dentro de estas actividades ocurra, antes durante y después de las mismas. Es de común ocurrencia que muchas personas interpreten el artículo 16 como una restricción a la aplicación de la normativa relativa al maltrato animal en dichos contextos, pero ello no es efectivo, el artículo en comento restringe la aplicación de la Ley 20.380 en lo relativo a otras materias (traslado de los animales y alojamiento, por ejemplo), pero no en lo relativo al maltrato.

 

Las acciones de intervención, visibilización y difusión del maltrato en estas actividades son de suyo importantísimas, pero no lo es menos el utilizar las herramientas que nuestra legislación provee para hacerles frente, ello independiente de los resultados que de cada caso y cada juicio deriven. El llamado es a utilizar estas herramientas, documentar las acciones u omisiones constitutivas de maltrato y denunciarlas ante Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Fiscalías Locales, documentando con la mayor precisión posible estos ilíctos y acompañando dichos antecedentes.

 

Por último, necesario es agregar que nuestra normativa, y particularmente el artículo 291 bis, protege al animal no humano sin distinción de especie y tanto en su esfera física como síquica (ya son considerados sintientes o sensibles). Las herramientas legales de las que disponemos son deficientes, sin lugar a dudas, y en ello se sustenta la existencia de plataformas como Parlamentarios por la Dignidad Animal (PARDA), nacida para proveer de mejor herramientas y de mayor protección a los animales. Pero, como decimos en Chile, en el entretanto y antes de que logremos mejorarlas (procesos para nada inmediatos), “es lo que hay”, y debemos utilizarlas.

 

Créditos Fotografía, Animal Libre

 

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